La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresa su preocupación por los hechos sucedidos recientemente en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) contra alrededor de 50 docentes investigadores/as, que obtuvieron sus cargos a través de concursos abiertos de antecedentes y oposición.
Mediante denuncias firmadas por representantes de la comunidad educativa afines a la actual gestión de la UNaF, que contienen el mismo texto y fundamento por lo que se devela el carácter sistemático de la medida, se pretende impulsar un juicio académico colectivo para sancionar a quienes tienen un ideario y posicionamiento diferente a las autoridades de la casa de estudios hoy.
Consideramos que este hecho, inédito por su escala y características, no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en un clima político general signado por el hostigamiento sistemático del gobierno nacional hacia las universidades públicas y el conjunto del sistema científico tecnológico. Un clima que se alimenta de acusaciones constantes de “adoctrinamiento” e “ineficiencias”, dirigidas a docentes y personas que investigan de todos los niveles y disciplinas, con el objetivo explícito de desprestigiar, condicionar y disciplinar el ejercicio libre de la docencia, de la extensión y de la investigación.
El problema de fondo no es únicamente jurídico: es político, institucional y académico. La judicialización del trabajo docente y la investigación, bajo la figura de “juicio académico colectivo”, constituye un acto y una práctica de amedrentamiento que busca generar miedo, inhibir la libertad de cátedra y la participación democrática en el ámbito universitario y, al mismo tiempo, establecer un antecedente sumamente peligroso para el conjunto del sistema universitario nacional. Se trata de un mecanismo de presión que pone en riesgo no solo la integridad profesional y laboral, sino también el principio mismo de autonomía universitaria consagrado en la Constitución nacional y en la Ley de Educación Superior N° 24.521.
Más aún, en un contexto nacional en el que las políticas gubernamentales apuntan al desfinanciamiento de las universidades y del sistema científico tecnológico, al recorte de derechos laborales y a la deslegitimación de la función crítica de la educación superior, estas acciones adquieren un carácter, abiertamente, persecutorio. Judicializar la enseñanza, la extensión y la investigación universitaria equivale a negar su esencia: la producción libre, crítica y autónoma de conocimiento, así como también la participación plena y democrática en el cogobierno de cada universidad.
Por eso, expresamos nuestra más profunda preocupación y solidaridad con las personas de la UNaF afectadas y advertimos que este tipo de medidas no deben naturalizarse ni convertirse en instrumentos de disciplinamiento ideológico. No podemos permitir que el miedo reemplace al debate y a la participación plural, ni que el derecho a enseñar, a aprender y a investigar sea sometido al arbitrio de lógicas punitivas.
Hoy y siempre, frente a prácticas y lógicas de persecución y hostigamiento, la respuesta debe ser colectiva, decidida y solidaria.
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
