El Presidente prometió enviar al Congreso una nueva ley de Educación Superior para “fortalecer el sistema universitario”. Conversamos con rectores de universidades nacionales acerca de una propuesta que también involucra la discusión sobre los planes de estudio.
Durante la apertura de sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández prometió enviar al Congreso una nueva ley de Educación Superior para “fortalecer el sistema universitario” y que tendrá como “punto de partida la gratuidad y el acceso irrestricto”, reemplazando así la ley actual sancionada en 1995. Si bien todavía no hay un proyecto elaborado, el mandatario convocó a un “gran acuerdo federal por la igualdad educativa”. El Grito del Sur conversó con rectores de universidades nacionales acerca de la propuesta del Presidente.
“Esta es una expectativa que tenemos hace mucho tiempo”, dijo a este medio Delfina Veiravé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). “Me parece necesario que se haga un debate y que participen el sector académico y otros sectores de la sociedad que tengan que decir algo de cuál es la universidad o educación superior que requiere el futuro de nuestro país”, afirmó y señaló que no solo se refiere al universo del trabajo y la producción, sino también a “comunidades y organizaciones sociales que hoy demandan formas de educación superior”.
La ley 24.591 de Educación Superior (LES) -modificada en 2015- regula “las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada” por lo que, además de la voluntad del gobierno nacional, es necesario que debatan los gobiernos provinciales que financian a las instituciones de educación superior que no son nacionales.
Veiravé destacó que la ley creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) que “ha sido un organismo de regulación de la expansión del sistema” y que ha mantenido la calidad educativa. “Eso es resultado del procedimiento de evaluación institucional y de calidad de la Coneau”, aseguró.
Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), opinó que ésta es una buena oportunidad “para hacer un balance y ver qué podemos corregir”. “La ley tiene un cuarto de siglo, en su momento fue muy resistida, pero ha atravesado muchos gobiernos y hoy tenemos un gobierno que ve en las universidades una herramienta fundamental. Por eso nos tenemos que autoexigir para ver en qué podemos mejorar”, señaló.
“Tenemos que pensar, por ejemplo, en la duración de los planes de estudio de nuestras carreras. ¿Estamos conformes o no? ¿Cómo están en relación a lo que ocurre en otras carreras del mundo? ¿Están elaborados de modo tal que garantizan más soberanía y mayor justicia social o fortifican las desigualdades?”, cuestionó Villanueva.
Para el rector de la UNAJ, otro de los problemas es “la deserción universitaria”. “La diferencia entre ingresados y egresados es enorme -sostuvo-. El tránsito por la universidad fortifica a las personas aunque no se reciban, pero si no se van a recibir, tenemos que pensar en títulos intermedios”.
Por su parte, Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), señaló que otro de los puntos a tratar en una reforma de la LES es la inclusión de un sistema de créditos para medir el progreso académico. “Hay que salir del corset, de la rigidez del sistema tradicional. Ese es un problema que tenemos y una reforma no puede tratar solo el ingreso irrestricto”, dijo del Bello a este medio.
El sistema de créditos, explicó el rector, se aplicaría a algunas carreras y la ventaja que tiene es “que permite armar tu carrera en función de tus intereses”. “El plan de estudios tiene un núcleo duro obligatorio y después créditos que miden la dedicación horaria en aula y estudio -desarrolló del Bello-. Si te gusta una materia que está en otra universidad, la podés cursar y se hace una transferencia de créditos para validarla”.
Este sistema, agregó, no se aplicaría a “carreras reguladas por el Estado” como medicina y las distintas ingenierías, donde no es posible flexibilizar el plan de estudios.
“También se puede discutir si los títulos tienen que seguir siendo habilitantes. Por ejemplo, en el sistema estadounidense el título acredita una formación académica, pero el ejercicio profesional te lo autoriza el Estado. Si te recibís de abogado, después tenés que rendir un examen en el Estado para poder ejercer”, reflexionó del Bello.
La pandemia, agregaron los académicos, planteó otro desafío: la educación virtual. “En la ley no se trató y hoy debería tener una importancia mayor. Hay que pensar cómo combinar la presencialidad y la virtualidad”, sostuvo Villanueva.
Eso va a requerir pensar también en términos de financiamiento y presupuestario -agregó por su parte Veiravé-. Con la educación a distancia es posible llegar a lugares y sectores a los que no se llegaba porque es imposible tener una universidad en cada pueblo con la excelencia y calidad requeridas. Hay que pensar en potenciar las innovaciones que hoy se llevan adelante y también cómo pensamos los desafíos del futuro”.
Fuente: El Grito del Sur