El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresa la imperiosa necesidad de que las patentes de las vacunas contra el COVID-19 sean liberadas para garantizar su producción y el suministro en las cantidades de dosis que el mundo entero requiere para combatir la pandemia que, desde hace un año y medio, azota a la humanidad.
En tiempos excepcionales de emergencia sanitaria global como estamos viviendo, las vacunas deberían ser consideradas no como un bien de consumo sujetas a las especulaciones y a los beneficios de enriquecimiento ilimitado de las empresas farmacéuticas, sino un servicio público para salvar vidas. Los expertos señalan que, para detener la pandemia, se requiere una respuesta global que abarque la vacunación masiva en el conjunto de los países.
Por ello, un número significativo de miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones internacionales de la sociedad civil abogan por la suspensión temporaria de la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones de propiedad intelectual, incluyendo temas de patentes vinculadas con la COVID-19, mientras que los países industrializados bloquean esta posibilidad.
Este reclamo se torna más urgente cuando observamos el obsceno nivel de concentración de vacunas por parte de los países más ricos, producidas por unos pocos laboratorios privados que exceden en volumen al doble o al triple que demandan sus poblaciones. Esto resulta inaceptable en tanto cientos de otros países se encuentran imposibilitados, legal y técnicamente, de acceder a producir sus propias vacunas. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de febrero del 2021, el 75 por ciento de las vacunas estaban concentrados en solo diez países, lo que muestra la magnitud de esta situación de salud pública.
Las renovadas advertencias de nuevas olas de contagios revelan no solo una continua amenaza, sino que exige no permitir que la solidaridad entre los pueblos quede relegada a la especulación de negocios multimillonarios en desmedro de la vida humana como valor supremo.
Por ello, desde las universidades públicas de Argentina, apelamos a los consejos, asociaciones y redes universitarias de América Latina y el Caribe a acompañar este reclamo. Ratificamos el compromiso del sistema universitario con la solución de esta crisis de salud pública global, que afecta, principalmente, a los países más pobres. Esto nos exige acentuar los caminos de la solidaridad y la cooperación entre las naciones, además de impulsar el desarrollo soberano y colaborativo del conocimiento abierto para el buen vivir de nuestras comunidades.
Consejo Interuniversitario Nacional
