Las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año.
Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario. Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso Nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación. A la pérdida acumulada a lo largo del 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado. Desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento. La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia.
En materia salarial, el escenario es más sombrío y dramático. El desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80 por ciento, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza. Inadmisible en cualquier caso, inexplicable cuando se trata de esa manera a quienes tienen la responsabilidad de formar a los futuros profesionales de la nación, a quienes todos los días hacen todo lo necesario para que nuestras instituciones funcionen.
La situación del sistema científico es aún mas grave y será terminal si no se toman medidas que reviertan la desinversión y el ajuste. No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse.
Las obras siguen paralizadas; los fondos previstos incluso en el presupuesto reconducido para programas y proyectos específicos, como la creación de nuevas carreras o de institutos tecnológicos; el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo de la extensión, entre otros, no se ejecutan o solo se hace parcialmente.
Y las becas, verdaderos programas de asistencia a estudiantes de las universidades, tanto para favorecer las condiciones de equidad en el acceso y la permanencia, como para promover carreras estratégicas, no se convocan en tiempo y forma y no se actualiza el valor del estipendio.
No solo nada ha cambiado en este nuevo año. La situación es más compleja que la del año anterior.
Mientras tanto, nuestras comunidades hacen un enorme esfuerzo por sostener la continuidad de las actividades a pesar de la precariedad. Sin recursos mínimos e indispensables para funcionar, sin salarios dignos y sin inversión en infraestructura y equipamiento, el sistema universitario público argentino sigue formando generaciones de profesionales con reconocimiento por su excelencia en el mundo entero. El sistema científico y las universidades siguen generando ciencia y conocimiento relevante que aportan al desarrollo de la nación. A tal punto que el trabajo para expandir las fronteras y el alcance de la educación superior permitió registrar este nuevo año uno de los índices mas altos de matriculación recientes.
Entendemos esto como una reivindicación del valor estratégico de la educación superior, como un hecho que pone en evidencia, con contundencia, el valor de la universidad pública argentina como política de Estado. Pero hay que advertir que las posibilidades de sostener este esfuerzo descomunal no son infinitas. Todo se va deteriorando de manera exponencial y, si no encontramos respuestas razonables a la situación salarial y presupuestaria, no habrá manera de continuar.
Frente a estas circunstancias tan complejas, este plenario, que reúne a las autoridades de todo el sistema universitario público, resuelve:
. Solicitar al Gobierno nacional una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en el presupuesto reconducido para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio.
. Solicitar a la Secretaría de Educación de la Nación la formalización de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Universidades referidas a créditos universitarios (SACAU) y aseguramiento de la calidad (SIAC).
. Constituir una comisión ad hoc de este Consejo con el objetivo de elaborar un proyecto de LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO para ser presentado ante el Congreso de la Nación, ámbito con competencia en materia presupuestaria.
. Ratificar la voluntad de diálogo del sistema universitario y solicitar a las autoridades educativas nacionales un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta.
Creemos en el acceso a la educación superior como un derecho, en el valor estratégico de la producción científica para transformar lo que nos pasa.
Creemos que lo que nos salva y nos hace libres es la educación. A 40 años de la creación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ratificamos nuestro inclaudicable compromiso en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
San Luis
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
4 de abril de 2025
