Organizaciones estudiantiles, gremiales y autoridades universitarias de todo el país presentaron un ambicioso proyecto de ley que busca resolver de manera estructural la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y científico argentino. La iniciativa, presentada en el Congreso de la Nación, contó con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Saá.
Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias de todo el país unieron fuerzas para presentar un proyecto de ley que propone una solución estructural y duradera al problema de financiamiento que enfrenta el sistema universitario público. La iniciativa fue presentada este miércoles frente al Congreso de la Nación, en una jornada que reunirá a federaciones estudiantiles, representantes gremiales del Frente Gremial Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones del movimiento estudiantil.
Entre las autoridades presentes se contó con la participación de la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), Agustina Rodríguez Saá quien acompañó el reclamo por una mayor inversión en la educación superior pública.
El proyecto busca asegurar recursos básicos para el normal funcionamiento de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico, al tiempo que propone una recomposición salarial para los trabajadores docentes y no docentes, y el fortalecimiento de políticas de bienestar estudiantil.
“Necesitamos una ley que, de manera clara y transparente, como consecuencia del debate en el Congreso de la Nación —ámbito con competencia en materia presupuestaria—, establezca los recursos que corresponden al sistema universitario. Una inversión necesaria, impostergable y estratégica para el presente y el futuro del país”, sostiene un comunicado difundido por FATUN, el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes de las universidades.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), que también impulsa la propuesta, subrayaron: “En el marco del conflicto universitario que atraviesa el país, esta iniciativa representa una respuesta concreta del movimiento estudiantil para construir una solución estructural y duradera en defensa del sistema universitario público”.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), también respaldó la propuesta y cuestionó la política salarial del gobierno nacional: “Dejaron de convocarnos a paritarias y solo otorgan aumentos unilaterales por debajo de la inflación. Vamos por una ley que garantice salarios dignos y permita recomponer nuestros ingresos”. Y agregó: “Si queremos un país desarrollado, no hay mejor camino que invertir en educación pública”.
Los ejes del proyecto
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
- La creación de un mecanismo de asignación automática de fondos, denominado “Proporción Universitaria”.
- Convocatoria obligatoria a paritarias docentes y no docentes al menos cada tres meses, con actualizaciones salariales mensuales que igualen o superen la inflación.
- Recomposición salarial inmediata desde diciembre de 2023, incorporando al básico todas las sumas no remunerativas.
- Aumento progresivo de la inversión estatal en educación universitaria, alcanzando el 1,5 % del PBI en 2031, comenzando con el 1 % en 2026.
- Creación de un Fondo para Carreras Estratégicas por 10 mil millones de pesos, ajustado por inflación, orientado a nuevas áreas de conocimiento como inteligencia artificial, así como becas y convenios internacionales.
- Ampliación del sistema de becas universitarias y revisión de sus criterios de admisión para garantizar mayor equidad e inclusión.