En Argentina, en las últimas semanas coincidieron al menos dos hechos relevantes: la publicación del informe de evaluación del Estado argentino del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.
El Comité CEDAW supervisa periódicamente el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En su última revisión, el organismo alertó sobre el debilitamiento —desde 2024— de las políticas públicas orientadas a la igualdad de género en el país. El informe señala el desmantelamiento institucional, la pérdida de programas y los recortes presupuestarios en áreas vinculadas con políticas de género, prevención de la violencia machista y salud sexual y reproductiva. Además, advierte que reformas laborales regresivas implementadas sin evaluaciones de impacto de género pueden profundizar la precarización y afectar de manera desproporcionada a las mujeres.
La reforma laboral, presentada como una iniciativa de “modernización”, parece ignorar algunas transformaciones estructurales del mercado de trabajo argentino. Según un informe de ELA, persisten brechas de participación laboral entre mujeres y varones de entre 20 y 40 puntos porcentuales, especialmente en hogares con niños menores de seis años.
Un ejemplo claro de esa desconexión es el régimen de licencias, que no fue modificado. Sin embargo, los cambios en la organización de los hogares y del trabajo son evidentes. Entre 1980 y 2025, la participación laboral femenina pasó del 27% al 51,6% (INDEC, 2025). Mientras que en 1986 el 65% de los hogares tenía un único proveedor varón (CIPPEC, 2018), para 2024 el 56,8% de los hogares cuenta con dos proveedores de ingresos (INDEC, 2024). Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral y hoy son un componente central de la sostenibilidad económica de los hogares.
La reforma se aprueba, además, en un contexto de ampliación de la brecha salarial de género. Bajo el actual gobierno, la distancia entre ingresos de varones y mujeres creció 5,1 puntos porcentuales entre personas ocupadas —del 24,2% al 29,3%— y 3,8 puntos entre quienes trabajan en relación de dependencia —del 22,5% al 26,3%—.
Al mismo tiempo, el pluriempleo aumenta. La proporción de personas con más de un trabajo es hoy 1,5 puntos porcentuales mayor que en diciembre de 2023, y las mujeres están sobrerrepresentadas en esa situación, con una diferencia de siete puntos. Son ellas quienes con mayor frecuencia necesitan una segunda fuente de ingresos para sostener sus hogares. Esto ocurre, al mismo tiempo, en un contexto en el que las mujeres jefas de hogar perciben entre un 25% y un 30% menos que los varones en la misma posición.
En este escenario, medidas como la flexibilización de horarios o el llamado “banco de horas”, presentadas como beneficios de la reforma, impactarán especialmente en quienes realizan tareas de cuidado. Lo mismo ocurre con el desfinanciamiento del sistema de seguridad social: las mujeres suelen tener trayectorias laborales más discontinuas, jubilaciones más bajas y una mayor dependencia de moratorias previsionales, hoy también desmanteladas.
En ese contexto, el 8M no es solo una fecha de conmemoración, sino también una herramienta para mirar la coyuntura. Cuando se debilitan las políticas de igualdad y se adoptan reformas sin perspectiva de género, las desigualdades existentes tienden a profundizarse. Por eso, incorporar esa mirada no es un detalle técnico: es una condición para que las transformaciones económicas no reproduzcan —o amplíen— las brechas que estructuran la vida social.
