El Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis informa que, tras la masiva jornada La universidad no se apaga, fruto del trabajo conjunto entre sindicatos docentes y nodocente, agrupaciones estudiantiles y de autoridades universitarias para la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, hace instantes han surgido novedades judiciales que es necesario que la comunidad universitaria conozca.
El Gobierno Nacional interpuso un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia de Cámara que confirmó la medida cautelar. Dicha medida cautelar obliga al Poder Ejecutivo a la actualización de los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles, tal como ordena la Ley de Financiamiento Universitario.
El Poder Ejecutivo Nacional realizó la presentación ante la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y luego pasará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pedido es de carácter suspensivo, esto es, para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los próximos pasos judiciales:
La Cámara Federal interviniente debe sustanciar el Recurso Extraordinario Federal (REF), lo que implica dar traslado al Consejo Interuniversitario Nacional y luego resolver sobre su admisibilidad. Si la Cámara concede el recurso, el expediente se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si la Cámara deniega el recurso, la parte interesada puede interponer un recurso de queja por denegación del REF directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo que vencía hoy no era el plazo para cumplir la Ley sino para interponer esta acción judicial (REF) y el gobierno decidió hacerlo. La Ley tiene que cumplirla desde el momento en que fue notificado del fallo. Esta acción que presentó el Gobierno no lo exime de la responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en la cautelar, es decir, con la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley.
Esta semana el CIN había presentado a la justicia un incidente de ejecución de la medida cautelar para denunciar el incumpliendo del Poder Ejecutivo Nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la intervención de la Corte resulta necesaria por la existencia de una cuestión federal y que la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un «grave e irreparable perjuicio al Estado» al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
Asimismo, en el REF presentado se solicita que, algunos de los magistrados de la Corte Suprema se excusen de intervenir, atento su condición de docentes universitarios y se designen conjueces para intervenir en el tratamiento.
Esta acción del Gobierno Nacional no es más que una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la Ley y los derechos de quienes integramos la Universidad Pública.
