Ante el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo rechazan categóricamente las afirmaciones allí vertidas, pues constituyen una tergiversación deliberada de la realidad.
El Gobierno Nacional falta a la verdad cuando enuncia que observa una “suspensión total de la actividad académica”. Las aulas, laboratorios, bibliotecas y demás espacios de trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) están plenamente operativos. La actividad académica continúa con el compromiso de siempre y los exámenes y las graduaciones continúan al ritmo esperado. Basta, simplemente, recorrer las aulas y edificios para evidenciarlo.
Estas actividades están garantizadas por el esfuerzo y compromiso cotidiano de los trabajadores y estudiantes. Compromiso sostenido a pesar de salarios profundamente deprimidos, con un retraso del 47,3%. Por ello, si algo pone en riesgo la continuidad de la actividad académica, y con ello el derecho a la educación, es el deliberado e ilegal incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza becas y salarios dignos, además de los fondos necesarios para investigación, extensión y vinculación.
El desfinanciamiento de las universidades es la causa de los justos reclamos de estudiantes, docentes y no docentes que se producen y seguirán produciendo hasta tanto el Gobierno cumpla con la Ley. La responsabilidad de no cumplir plenamente con todas las funciones que le corresponden a la Universidad recae exclusivamente sobre los funcionarios responsables de cumplir las disposiciones legales, acorde con lo aprobado por el Congreso de la Nación y refrendado por la Justicia.
Por ello desde la universidad pública de calidad se alerta a la sociedad argentina que no se deje engañar por una narrativa que busca penalizar la legítima defensa de la educación pública, a la vez que dilata tiempos legales y deriva la atención de otros problemas apremiantes. La Ley de Financiamiento Universitario, como ha sido aprobada por el Congreso Nacional y resuelto por la Justicia Nacional, no pone en riesgo el equilibrio fiscal pero sí genera las condiciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y el derecho a la educación superior de todas y todos los argentinos.
En este contexto de ataques continuos las autoridades de la UNCUYO convocan a acompañar a la cuarta marcha federal universitaria que tendrá lugar el próximo 12 de mayo. Y que pondrá en evidencia la importancia de solicitar colectiva y pacíficamente las condiciones básicas para la continuidad de la educación superior Argentina.
¡Universidad pública siempre!
