Las rectoras y los rectores de las universidades públicas nacionales rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas provenientes del Presidente de la Nación y del Subsecretario de Políticas Universitarias contra el sistema universitario argentino y sus autoridades.
No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario, por el solo hecho de cumplir con nuestra responsabilidad institucional.
Nuestra obligación, en tanto autoridades públicas, es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y de los derechos que de ellas emanan.
No estamos frente a una discusión personal ni ante una disputa menor. Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal.
Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática.
No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, ratificada institucionalmente, respaldada por decisiones judiciales y apoyada masivamente por la sociedad, constituye un acto delictivo.
Muy por el contrario, en una república es una obligación ética, política e institucional exigir que se cumpla la ley.
Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público.
Defender la universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de la ley, desacreditando a quienes piensan distinto o reclaman derechos legítimos.
Por eso, también, reclamamos una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación.
La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático, plural y federal de nuestras universidades.
Porque lo que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
15 de mayo de 2026
