El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, reunido en sesión del 29 de septiembre, expresa su profunda preocupación porque la Ley de Financiamiento Universitario N.° 27.795 lleva 343 días sin aplicación. Se trata de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, ratificada por amplias mayorías tras el veto presidencial y respaldada por sucesivas resoluciones de la Justicia.
Las universidades nacionales cumplen a diario funciones que el desarrollo del país necesita: enseñanza, investigación, extensión, vinculación y transferencia. En San Luis, la UNSL sostiene estas funciones en cada una de sus sedes, formando profesionales, produciendo conocimiento y acompañando a su comunidad. Garantizar los recursos para que esa tarea se realice con calidad es una obligación indelegable del Estado nacional, tal como lo establece el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
En octubre de 2025, este Cuerpo advirtió que suspender la ley mediante el Decreto N° 759/2025 vulneraba gravemente el orden constitucional y la división de poderes. Por eso adhirió a las acciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En diciembre de 2025, la Justicia Federal ordenó aplicar de inmediato los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la recomposición salarial de docentes y nodocentes y a la actualización de los programas de becas estudiantiles. La Cámara confirmó esa medida y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la dejó firme. Aun así, el Gobierno nacional sigue sin dar cumplimiento pleno a lo ordenado.
En septiembre, la Justicia rechazó el pedido oficial de levantar la medida cautelar. Luego intimó al Poder Ejecutivo a cumplirla íntegramente en cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. La respuesta del Gobierno fue anunciar que apelará, mientras en la paritaria vuelve a ofrecer un incremento del 3%, que las organizaciones gremiales rechazaron por insuficiente. Un Estado que elige qué leyes aplica y qué sentencias acata debilita las bases mismas de la convivencia democrática.
Las consecuencias están a la vista en nuestra Universidad. Los salarios de docentes y nodocentes están deteriorados, hay renuncias y reducciones de dedicación, y los recursos para funcionamiento e investigación son insuficientes. Las becas han perdido valor, y todo ello pone en riesgo el ingreso, la permanencia y el egreso de nuestras y nuestros estudiantes.
A esta situación se suma el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. El proyecto asigna al sistema universitario $7,3 billones. La propuesta elaborada por el CIN estima una necesidad de $11 billones: alrededor de un 33% más, que es lo requerido para cumplir la ley vigente y recuperar la previsibilidad indispensable para el funcionamiento de las instituciones. El proyecto oficial no contempla las partidas que la Ley N° 27.795 exige ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico.
Por todo lo expuesto, sustentado en la legalidad y la legitimidad de este reclamo, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis:
- Exige al Ministerio de Capital Humano y a las autoridades educativas nacionales el cumplimiento inmediato e integral de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y el acatamiento pleno de las resoluciones judiciales que ordenan su aplicación.
- Reclama la reapertura de una negociación paritaria que garantice la recomposición salarial dispuesta por la ley para las y los trabajadores docentes y nodocentes, y la actualización de las becas estudiantiles.
- Ratifica su acompañamiento a las acciones judiciales y políticas del CIN, y respalda al Rectorado en todas las gestiones que realice en defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los derechos de quienes integran la comunidad universitaria.
- Insta a las legisladoras y los legisladores nacionales a revisar las partidas del Proyecto de Presupuesto 2027 destinadas al sistema universitario, de modo que se ajusten a lo que establece la ley, y a no acompañar un presupuesto que no garantice su cumplimiento.
- Convoca a docentes, nodocentes, estudiantes, graduadas y graduados, y a toda la sociedad sanluiseña a participar de la 5ª Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia nacional, el jueves 15 de octubre.
La Universidad Nacional de San Luis reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Sin universidades públicas financiadas y sin desarrollo científico propio, no hay futuro posible para un país con equidad, soberanía e igualdad de oportunidades. En democracia, la ley se cumple.
Consejo Superior – Universidad Nacional de San Luis
San Luis, 29 de septiembre de 2026
