En un contexto en el que los impactos del cambio climático ya están afectando a la región de América Latina y el Caribe (y al resto del mundo), tal como se describe en el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, un equipo científico llegó a la conclusión de que la región aún no cuenta con una agenda de investigación integral sobre la política de la protección ambiental.
Se trata de Ricardo Gutiérrez, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), e Isabella Alcañiz, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Maryland (UMD), en Estados Unidos, tras realizar una revisión rigurosa de la literatura sobre la política del ambiente en América Latina y el Caribe en su libro La política distributiva de la protección ambiental en América Latina y el Caribe, recién publicado por Cambridge University Press.
“Para buscar una solución a los problemas y conflictos ambientales que solo prometen acrecentarse a futuro, es imprescindible que podamos entender tanto el origen de esos problemas y conflictos como el impacto de las políticas que se propongan para resolverlos. Y para ello urge el desarrollo de una agenda de investigación integral sobre la política del ambiente (que refiere no solo a las políticas estatales sino también a todas las formas de acción y conflicto político en torno a los temas ambientales, como la protesta o el lobby) en nuestra región”, afirma Gutiérrez, especialista en el estudio de problemas y políticas ambientales desde una perspectiva interdisciplinaria e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Políticas (IIP, CONICET-UNSAM).
Enfoque integral de investigación
La publicación de Gutiérrez y Alcañiz es la primera en ofrecer una mirada general sobre los conflictos y políticas ambientales en la región y además propone un enfoque integral para su estudio en el contexto del cambio climático.
En su revisión de la literatura, los autores distinguen dos grandes perspectivas que, de algún modo, interfieren con un abordaje integral: una centrada en la movilización social y otra en la acción estatal.
“Estas perspectivas no son estáticas ni excluyentes pero sí tienden a priorizar distintos aspectos de los conflictos y políticas ambientales. La literatura más centrada en la movilización social pone el foco en la resistencia de distintos actores de la sociedad civil frente a ciertas actividades económicas o políticas estatales”, explica Gutiérrez, también decano y profesor titular regular de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.
En cambio, la literatura centrada en el Estado presta más atención a las políticas de protección ambiental, a las capacidades que ese actor tiene (o no) para llevar a cabo esas políticas y, muy a menudo, lo que se llama la “brecha de implementación”, es decir, la distancia entre las políticas propuestas y los resultados obtenidos. “Esta perspectiva visualiza al Estado como principal actor de la política del ambiente”, indica Gutiérrez.
“Nuestra revisión y nuestro enfoque buscan tender un puente entre esas dos miradas, para poder entender cómo surgen, cómo se definen y qué efectos tienen las políticas de protección ambiental debemos prestar atención al mismo tiempo a la dinámica de la movilización social y a las variaciones de la acción estatal, junto con el papel de los actores económicos”, destaca Gutiérrez.
Como propuesta para el abordaje integral de la política del ambiente y el cambio climático, en el libro Gutiérrez y Alcañiz se preguntan quién se beneficia de la apropiación de los recursos naturales, quién paga los costos de la degradación ambiental y del cambio climático y quién se beneficia de las protecciones estatales. “A menudo, sobre todo en la literatura centrada en la movilización social, las respuestas a estas tres preguntas son los poderosos, los pobres y los poderosos nuevamente. Parafraseando, ‘es la desigualdad, estúpido’. Pero dentro de las limitaciones de la desigualdad, hay espacio para maniobrar en la construcción de coaliciones ganadoras”, afirma Gutiérrez.
De acuerdo al investigador del CONICET “en América Latina y el Caribe, los actores de la sociedad civil han forjado amplias alianzas con burócratas y expertos (y a veces con actores económicos) con ideas afines sobre cómo definir y cómo resolver los problemas ambientales”, enfatiza el investigador del CONICET. Y continúa: “Estas coaliciones que atraviesan la división estado-sociedad ayudan a explicar cómo las poblaciones afectadas a veces pueden construir coaliciones ganadoras con capacidad para revertir decisiones estatales. Creo que este el principal hallazgo del libro”.
Para Gutiérrez, el desarrollo de una agenda de investigación integral de la política del ambiente (que vaya incluso más allá de la región latinoamericana) requiere asumir que lo que está en juego son los valores, intereses y estrategias de una variedad de actores sociales, económicos y estatales que tienen distintas formas de entender la relación estado-naturaleza, poseen diferentes ideas sobre cómo resolver los problemas ambientales y buscan forjar alianzas (usualmente enfrentadas) que les permitan ver plasmadas sus ideas e intereses.
“Dicho en otros términos, la solución a los problemas ambientales nunca podrá ser (exclusivamente) científica o tecnológica. Los problemas ambientales son, ante todo, problemas sociales. Como se ha insistido desde que tomó fuerza el pensamiento ambiental desde la década de 1960 en adelante, lo que está en juego en los problemas y conflictos ambientales es, en última instancia, la confrontación entre distintos valores. Por eso, la solución tendrá que ser, también o ante todo, política: entender la confrontación de actores, valores e intereses que están en juego en cada caso es el punto de partida para combatir la degradación ambiental y su vínculo íntimo con la injusticia social”, concluye el investigador del CONICET en la UNSAM.
